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Sefar alerta de la desaparición de la farmacia rural si no cambia la legislación

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Las farmacias rurales son establecimientos sanitarios que dotan de uniformidad a esta prestación sanitaria en todo el país, motivo por el que resultan esenciales para garantizar la equidad y universalidad en el acceso a la sanidad pública. Sin embargo, el actual marco legislativo pone en peligro su supervivencia y la prestación que garantizan. Un problema que va más allá del aspecto sectorial al compartir rasgos comunes con la tradicional degradación y pérdida de servicios públicos que afecta al medio rural y que alimenta el fenómeno de la despoblación.

La farmacia rural en peligro

Así lo ha puesto de manifiesto la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) en un informe que acaban de presentar, y en el que alertan de la desaparición de muchas farmacias rurales si no se producen cambios en la actual legislación española, pese a su necesaria existencia, tal como nos contó en Apoya tu Salud Francisco Javier Guerrero, coordinador del estudio y presidente de SEFAR desde su creación, hace ocho años.

Concretamente, en el informe –titulado ‘Pérdida de Servicios Básicos en el Medio Rural y Despoblación. El Medio Rural y sus Oficinas de Farmacia’–  se sostiene que el sistema y su normativa presentan un carácter generalista que no contempla la heterogeneidad de los diferentes entornos en los que pretende actuar. Entre ellos se encuentra el rural, basando la retribución de esta prestación exclusivamente en el margen sobre el PVP (precio venta al público) de los medicamentos que se dispensan.

Este aspecto “perjudica claramente a las farmacias que prestan servicio a una menor población, al presentar igualmente un menor número de dispensaciones, y no disponiendo éstas de otras vías de aumento de ingresos al depender en más de un 90% de la facturación de recetas”.

Si a esto le unimos la existencia de unas políticas generalistas que persiguen un ajuste de gasto sin el estudio o evaluación del efecto de las mismas en el conjunto de la red, las circunstancias han llevado a muchas de estas oficinas de farmacia a una situación de quiebra técnica, manteniéndose muchas con ingresos ajenos a la actividad y llegando a producirse, incluso, el cierre paulatino.

Desde SEFAR se recuerda que dentro de las farmacias ubicadas en el medio rural, 3 de cada 4 desarrollan su actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes, y más de la mitad de éstas se encuentran en poblaciones de menos de 1.000 habitantes. En el informe establecen una definición y una serie de parámetros que permiten identificar a todas las afectadas por la situación descrita.

Recomendaciones de SEFAR

Ante este escenario, SEFAR plantea en su informe una serie de recomendaciones que garanticen la supervivencia de la farmacia rural:

  1. Inclusión de las farmacias rurales en las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural (DETOR): reconociendo así el carácter e interés público de este establecimiento privado, así como su decisiva contribución a la asistencia sanitaria de la población donde éste se encuentra ubicado.
  2. Declaración de Obligación de Servicio Público y convocatorias especiales: Fórmula empleada en otros sectores con el a fin de garantizar la prestación del servicios públicos que de otra forma no resultarían rentables a la iniciativa privada. Para ello, se incentivan económicamente al objeto de que los prestadores del mismo puedan cubrir los costes de explotación y obtener igualmente unos beneficios razonables.
  3. Mecanismo de redistribución interna: actualizando las cuantías percibidas en forma de incremento de los márgenes establecidas en el RDL 9/2011 para las farmacias VEC (de viabilidad económica comprometida) corrigiendo el desequilibrio existente con el resto de oficinas de farmacia que pone en riesgo la universalidad en el acceso a esta prestación en los entornos rurales. Ponen de ejemplo que el 91% de las farmacia VEC ubicadas en el medio rural constituyen en número el 4,47% de la red, y sólo consumen el 1,06% de los recursos; pese a facturar el 11,7% (101.600) de lo que lo hacen el resto de boticas (864.000 euros).

El informe concluye subrayando la necesidad de poner en marcha estas medidas con carácter de urgencia en el ámbito nacional y autonómico, junto con los diferentes agentes sociales, que garanticen la viabilidad de la prestación farmacéutica en el medio rural en condiciones óptimas.

También aportan otras medidas complementarias entre las que se encuentran fomentar la vertiente asistencial de las farmacia que catalogan e identifican en su informe como esenciales, mediante la implementación de servicios profesionales farmacéuticos (SPF); y desarrollar normativas que ofrezcan la posibilidad de promoción profesional de los titulares de dichas oficinas de farmacia esenciales.

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